La ley 27.757 de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso de la Nación el 12 de septiembre de 2024. El objetivo era, supuestamente, garantizar un mayor presupuesto para las universidades públicas y una recomposición salarial para docentes y nodocentes. El presidente Javier Milei la vetó en octubre del año pasado mediante el decreto 879/2024, pocos días después de producida una multitudinaria marcha que se replicó en distintas ciudades en todo el país.

La iniciativa, que fue presentada el 28 de mayo, reunió a rectores, organizaciones gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles. Además, contó con el respaldo de referentes de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF), Coalición Cívica (CC), Frente de Izquierda y algunos dirigentes de la UCR. Busca garantizar el presupuesto para las casas de estudio y fija una meta de inversión educativa del 1,5% del PBI para 2031. De esta manera, el financiamiento universitario volvió a la agenda del Congreso.

La rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Álvarez Gómez, enfatizó sobre la iniciativa: “Es una forma de financiamiento para las universidades sin crear nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal. Hemos tenido muchas formas de lucha por la educación pública, como manifestaciones, paros, pero creo que esta es la que realmente interpreta el deseo de las mayorías de las comunidades universitarias".

Desde el gobierno nacional todavía no hubo declaraciones oficiales sobre la iniciativa, solo trascendidos en off the record, publicados por algunos medios, que advierten que la Casa Rosada rechaza el proyecto.

Los detalles de la propuesta

El proyecto tiene 12 artículos y establece, con precisión, los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria. Propone calcular el financiamiento universitario con base en una “proporción universitaria” sobre los fondos nacionales coparticipables, que se transferiría mensualmente al programa de Desarrollo de la Educación Superior, sin impactar sobre lo que reciben las provincias en materia de Aportes del Tesoro Nacional.

También establece paritarias trimestrales para docentes y nodocentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.

“El proyecto que hemos presentado, entiendo que mejora al del año pasado. En materia sindical, la ley ratifica que la paritaria debe reunirse con una asiduidad que permita resolver los aspectos para los que fue creada. Y la otra cuestión es que no puede haber incrementos salariales por debajo de la inflación”, explicó el secretario adjunto de CONADU Histórica, Oscar Vallejos.

La nueva iniciativa contempla, además, la creación de un fondo anual de $10 mil millones para carreras estratégicas —como aquellas vinculadas a la inteligencia artificial—, la ampliación de becas estudiantiles y el fortalecimiento de la infraestructura, la investigación y los programas de bienestar.

En sus fundamentos, la iniciativa advierte que “más del 70% de trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza” y que el presupuesto 2025 solo cubre “el 50 por ciento de lo requerido para su funcionamiento”.

Panorama en las universidades

El Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario elaboró un informe en el que expuso el deterioro del salario real docente desde el comienzo de la actual gestión nacional. Utilizó como cargo de referencia el de profesor asistente o jefe de trabajos prácticos, con dedicación semiexclusiva y 10 años de antigüedad. En el gráfico se puede identificar que la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 equivale a 4,2 salarios docentes.

Durante la presentación del nuevo proyecto, la secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, realizó declaraciones a la prensa, precisando: “Cero por ciento de aumento en marzo, paritaria clausurada, mientras que las actualizaciones dadas por decreto no han equiparado la pérdida del poder adquisitivo que cayó, en promedio, un 34% durante estos 16 meses de gobierno de Milei. Las y los docentes hemos perdido el equivalente a cinco salarios y medio”. 

Además de las medidas de fuerza que los gremios docentes vienen realizando en reclamo de la situación financiera de las universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que nuclea a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales- emitió un comunicado en el que advirtieron: “La situación salarial es crítica. La falta de actualización de los salarios de docentes investigadores afecta directamente a quienes participan en actividades de producción de nuevo conocimiento”.

De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024, un docentes auxiliar de primera, con dedicación simple (equivalente a nueve horas semanales) y 10 años de antigüedad, que en diciembre de 2023 percibía 132.035,51 pesos, en agosto de 2024 cobró un salario bruto de 232.531,90 pesos.

Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71 por ciento.

Por ello, en agosto de 2024 el 92° Plenario del CIN acordó un proyecto de presupuesto universitario para 2025, que fue elevado al Congreso de la Nación, que estipulaba un total final de 7.19 billones de pesos, “en un monto que representa el uno por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional”. Sin embargo, el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 elevado por el Ejecutivo asignaba a las Universidades Nacionales poco más de tres billones.