Por Romina Gómez

El reparto de los fondos nacionales en nuestro país está regido por la Ley de Coparticipación Federal, n.º 23.548 de 1988, en la cual se indica que “la masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse”, con algunas excepciones. El porcentaje que le corresponde a cada provincia está detallado en el artículo n.º 3: “42,34% en forma automática a la Nación; el 54,66% en forma automática al conjunto de provincias adheridas”.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) señala en un informe que “las transferencias de la Nación a las provincias representan en la actualidad una porción menor de sus ingresos respecto a una década atrás. En 2005 eran 57,6% del total y el año pasado llegaron a 50,8%”.

Por su parte, y según el último informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza datos de agosto de 2025 en comparativa con agosto de 2023, indica que las transferencias a provincias y municipios “sufrieron ajustes significativos” en asistencia financiera y técnica a municipios del -98% y -100% del Fondo de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.

Si miramos transferencias históricas de los Recursos de Origen Nacional, “luego de un 2022 de gran desempeño, la situación de 2023 mostró un amesetamiento de la recaudación”, indicó el CEPA en un informe del mes de agosto. El documento señala también que “en lo relativo a la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), en 2022 creció durante todo el año, mientras que en 2023 mostró un comportamiento irregular, cayendo en 8 de los 12 meses. En 2024, acumuló 9 de derrumbe y solo 3 de crecimiento en términos reales”, y “en los cuatro primeros meses de 2025, se exhibe una recuperación parcial”.

Mientras que el promedio de transferencias CFI se situó en 8,1%, para La Rioja crecieron 9,7%, igual que para San Juan y Mendoza.

La importancia de los recursos tributarios de origen nacional sobre la recaudación provincial varía según el territorio. Según el CEPA, “en promedio, alcanzan 44,8% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI)”, aunque hay provincias, como La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Jujuy, que superan la media nacional, tal como lo señala el siguiente cuadro:

¿Qué son los ATN?

La Ley de coparticipación dispone de un 1% de la masa de fondos distribuibles para la conformación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El Fondo creado por la ley 23.548 sufrió algunas modificaciones a lo largo de los años:

• A partir del año 1992, de acuerdo al Decreto 879/92, se incorporó al Fondo el 2% del impuesto a las ganancias;

• La ley 24.621 (prórroga del impuesto a las ganancias) dispuso que, a partir de 1996, el Fondo sufre una detracción anual de 6 millones de pesos que se distribuye entre las provincias, según los coeficientes establecidos en la ley 23.548;

• De acuerdo con la ley 24.699, a partir de octubre de 1996, el impuesto a las ganancias sufre una detracción —previa a su distribución— de 580 millones anuales. De estos, 20 millones se destinan al Fondo de ATN.

Los ATN son fondos destinados a subsanar situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. La Ley de coparticipación no contempla los criterios de la asignación, los cuales están determinados por el Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros).

El Glosario de la Cámara de Diputados indica que “no existe un procedimiento estipulado para solicitar un ATN para determinada provincia o municipio (…) generalmente se canalizan a través de los poderes ejecutivos provinciales y municipales”.

Según un informe del Centro de Documentación e Información (CDI) del Ministerio de Economía, sobre la relación financiera entre la Nación y las provincias, muestra cómo se manifiesta esa discrecionalidad en millones de pesos, como se muestra en el siguiente cuadro que analiza el período 1988-1996.

El documento del CDI muestra cómo La Rioja, Catamarca, Jujuy figuran entre las provincias más rezagadas en la recepción de estos fondos, en el período evaluado:

Esta discrecionalidad se utiliza políticamente como herramienta para presionar a gobernadores, diputados y senadores. El presente año, por ejemplo, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, denunció maniobras de este tipo frente al rechazo de la Ley de Ficha Limpia, expresando “lástima” por los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Ducot de Misiones, provincia que más ATN había recibido en el año, y que a último momento votaron en contra. “Traicionar al Gobierno que más ATN te dio durante el año debe ser jorobado, ¿no?  Supongo que ahora tendrán alguna penalización y no recibirán más adelantos del Tesoro Nacional”, arrojó Lospennato en un programa televisivo.

Durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, informó que los ATN ejecutados durante el ejercicio 2025, hasta el 13/08/2025, ascendían a 104.500 millones de pesos (37,56% del total).

La Rioja es una de las provincias que, hasta la fecha del informe, no recibieron aportes de ATN, junto a San Luis, Corrientes, Jujuy o Córdoba. Por su parte, las provincias de Tucumán, Salta y Neuquén recibieron tres desembolsos, y Entre Ríos dos.

En este marco, el 20 de agosto, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto impulsado varios gobernadores, que obligaba a la Nación a repartir de manera automática y diaria a las provincias los fondos de ATN, pero este jueves 11 de Septiembre fue vetada, junto con otro paquete de leyes como la Emergencia pediátrica y de Financiamiento Universitario.

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, denunció en X que con el veto “el gobierno nacional se quiere quedar con los recursos que corresponden a las provincias".

Por su parte, el actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió en Río IV, tras el veto, a los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, de Jujuy, Carlos Sadir, y Santa Fe, y lanzaron una nueva fuerza política con miras a las elecciones ejecutivas del 2027.

“La norma sancionada contradice los criterios objetivos de reparto y la finalidad legalmente reconocida a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y se aparta de los principios de razonabilidad y equilibrio que deben guiar la legislación en materia de federalismo fiscal”, argumentó el Poder Ejecutivo en los considerandos del veto.