La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar en un plenario de cuatro comisiones la modificación del Régimen Penal Juvenil, contemplando la baja de la edad de imputabilidad.

El Congreso contó con más de 10 proyectos sobre la temática, uno de ellos desarrollado por el Ejecutivo, y otros de los bloques UCR, PRO, Coalición Cívica y Democracia para Siempre, entre otros. Y otros por los legisladores Ramiro Gutiérrez, referente del massismo; de la legisladora libertaria Lourdes Arrieta, ex miembro de La Libertad Avanza; y de otro legislador libertario, Álvaro Martínez. Planteaban disminuir la edad a partir de la cual se puede juzgar a los menores como adultos entre los 12 y los 14 años.

El proyecto

Finalmente, el pasado martes 6 de mayo, el plenario conformado por las comisiones de Legislación Penal, de Familias, Niñez y Juventudes, de Presupuesto y de Justicia dio un dictamen que unifica distintos proyectos y suma nuevas modificaciones.

El nuevo proyecto establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un sistema de sanciones y penas escalonadas y proporcionales. Entre las sanciones alternativas se mencionan amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. La privación de libertad se aplicaría solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios (ver aquí).

En caso de privación de la libertad, el proyecto plantea que el menor de edad deberá ser alojado en módulos diferenciados de los adultos y según su situación cautelar y punitiva, edad y estado de salud. Y deberán estar garantizados los accesos a la salud, educación, religión, cultura y recreación. Además, se establece que todas las personas que tengan contacto con los menores deberán estar especializadas en infancia y adolescencia.

También se incorporan distintas medidas complementarias, como programas educativos, capacitación laboral, tratamiento psicológico y asesoramiento interdisciplinario.

¿Qué dicen los datos sobre la criminalidad infantojuvenil?

El informe estadístico de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema informó que en 2024 se iniciaron 2.076 causas penales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) contra menores, un 4,5% más que en 2023. Se vieron implicados 1.788 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 71,5% no tenía otras causas con anterioridad. Esta cifra marcó una suba del 2,6% respecto al año anterior.

El 88,6% de los menores denunciados son varones de entre 16 y 17 años, principalmente, el 94,9% son de nacionalidad argentina, de los cuales el 55,2% reside en la provincia de Buenos Aires y el 44,6% restante, en CABA.

El 81,4% de los delitos fue contra la propiedad, destacándose la modalidad de robo en 8 de cada 10 casos. Del 18,6% restante, un 32,1% fueron delitos contra la integridad sexual; 27,8%, contra la administración pública; 8%, contra las personas; y 8%, contra la libertad.

El informe precisa que se registraron 32 causas por delitos contra las personas. De estas causas, 13 correspondieron a homicidios, 8 en grado de tentativa, 3 homicidios culposos y 2 consumados.

En valor nominal, los delitos contra la integridad sexual alcanzaron 128 causas, de las cuales el 70,3% se produjeron en 2024, y el resto ocurrieron con anterioridad, pero fueron denunciadas el año pasado.

A nivel local, el Mapa Estadístico Penal Juvenil de la República Argentina contempla lo que ocurre en las provincias. Para La Rioja marcó que durante 2023 ingresaron 137 niños, niñas y adolescentes con causas penales, de los cuales el 78,8% son varones. En cuanto al rango etario, predominan, con el 59,8% de los casos, los adolescentes de entre 16 y 17 años. El 28,5% tenía entre 14 y 15 años y el 11,7%, hasta 13 años.

Se registraron 109 causas penales contra niños y adolescentes por los siguientes delitos: 51,4% por delitos a las personas; 18,3%, contra la integridad sexual; 16,5%, contra la propiedad; y el restante 13,8% corresponde a otros delitos o aún están en investigación.

Sin embargo, el informe anual del 2023, último disponible, del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena no tiene registrado ningún menor de 18 años. Cabe aclarar que el informe advierte que las estadísticas presentadas se realizaron en base a la información del juzgado, con los datos de los libros de secretarias y las resoluciones judiciales.

¿Qué legisladores riojanos integran las comisiones?

Las diputadas Hilda Aguirre de Soria y Gabriela Pedrali no conforman ninguna de las comisiones que forman parte del debate, mientras que Sergio Casas está presente en las comisiones de Presupuesto y de Justicia; y Ricardo Herrera integra tres de las comisiones que formaron el plenario: de Familias, Niñez y Juventudes, de Presupuesto y de Justicia.

En caso de que el proyecto logre la mayoría para su aprobación y pase al Senado, los tres legisladores riojanos podrían estar implicados, ya que Juan Carlos Pagotto es presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Florencia López integra la comisión de Justicia y Fernando Rejal, la de Presupuesto.

Defensa del proyecto

En julio del año pasado, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, realizó una publicación en su cuenta de X para defender el proyecto oficial que buscaba disminuir la edad punitiva a 13 años. “Vamos a terminar con la impunidad de los delincuentes. Y vamos a cuidar implacablemente a los argentinos de bien que merecen vivir en libertad, sin miedo y con la justicia que merecen”, señaló.

Por su parte, a principio de año, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una entrevista con A24, sostuvo: “Es clave bajar la ley de imputabilidad. Nosotros estamos a favor de la gente que labura. Todo lo que podamos hacer desde el parlamento lo vamos a hacer”.

Luego del dictamen del plenario, el otro funcionario que se refirió al tema fue el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, considerando que los legisladores "deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes".

Además, razonó que “es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”.

Rechazo del proyecto

Luego del plenario, el diputado nacional Sergio Casas, en declaraciones con Riojavirtual Radio, expresó su rechazo al proyecto. “En lo personal y también a nivel de bloque hemos podido consensuar que nos oponemos a la baja de la edad de la imputabilidad. Este no es el camino, criminalizar a los adolescentes no resuelve el problema de fondo. Hay que ir transformando las condiciones que generan esto”.

Casas consideró que la medida puede responder al año electoral y que sea parte de la campaña del oficialismo nacional. “Sabemos que están de campaña y necesitan un golpe de efecto”, reflexionó.

También cuestionó el mecanismo realizado hasta el dictamen de la comisión. “Es todo impuesto a través de la fuerza, se citó a estos plenarios y ni siquiera tienen el despacho de comisión, porque el proyecto original del gobierno decía que querían bajar a 13 años, como la Unión Cívica Radical y otros sectores del PROC querían 14, pusieron 14 años. Ni siquiera lo presentaron ayer, es una actitud vergonzosa de cómo manejan las comisiones, porque uno, antes de poder firmar el dictamen de comisión, tiene que presentarlo al despacho. Ese despacho no estuvo. Lo mismo que pasó con la Ley de Bases”.

Por su parte, el diputado nacional Ricardo Herrera también se refirió al tema, manifestando por redes sociales: “La baja de la edad de imputabilidad a 14 años es un parche que no aporta ni resuelve la situación de una problemática estructural juvenil”.

Además, denunció que el proyecto no tiene asignación presupuestaria y que no se escucharon a todos los sectores. “No se contempló la postura de la Iglesia Católica, no se escucharon las miradas de quienes anteponen los derechos humanos y las convenciones internacionales”, escribió.

En julio del año pasado, cuando el Ejecutivo nacional envió su proyecto para bajar la edad de punibilidad a los 13 años, con un texto redactado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno de La Rioja emitió un comunicado sentando una firme postura por rechazar el proyecto. “Reconocemos que se debe actualizar y profundizar el debate sobre la ley vigente y elaborar una legislación nueva, pero que no sea regresiva en materia de derechos humanos de las niñeces y adolescencias”, sostuvo el texto. “Endurecer el código penal y criminalizar a personas menores de edad no es preventivo, ni disuasivo, ni proactivo en la lucha contra la violencia, la inseguridad y el delito”, añadió.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Gabriela Pedrali, también usó las redes sociales para expresarse el año pasado, en igual sentido que sus pares legisladores. “Reconocemos que hay que actualizar la legislación vigente y adecuarla a la Convención sobre los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes; pero este no es el camino. El oficialismo nos propone un título marketinero pero vacío de argumentos, sin previsión de presupuesto para ejecución”, escribió.

Quien también se refirió al tema fue la senadora Florencia López. En una entrevista en Riojavirtual Radio, opinó: "Me parece un intento desesperado del Gobierno nacional discutir una ley que es aberrante, no funcionó en ninguna parte del mundo, quieren meter presos a los niños. En la Argentina, la mayoría de los delitos están vinculados con situaciones de vulnerabilidad: no están escolarizados, sus padres no tienen trabajo o están bajo sistemas de violencia. Ojalá nunca se apruebe esta ley, siempre estaré en contra".

Por otra parte, la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica, que tiene por presidente al obispo de La Rioja, Dante Braida, realizó un fuerte comunicado en el que consideró: “Lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.

Respecto al debate en el Congreso, subrayó que el problema requiere un tiempo de análisis, debate y mayor apertura a un abordaje amplio.