El proyecto de Rippa fue presentado el 19 de marzo. En su artículo 1 establece la "obligatoriedad de la realización de pruebas de detección de sustancias psicoactivas ilegales (narcotests) a funcionarios públicos y legisladores de la Municipalidad del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja".  

El artículo 2 se refiere a los funcionarios que serían alcanzados por dicha obligación: intendente y vice, concejales, jueces de faltas, miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, autoridades de organismos autárquicos y descentralizados, secretarios y prosecretarios del Concejo Deliberante y secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Municipal.  

A su vez, el artículo 3 también establece que, además del test anual, había "pruebas mensuales de forma aleatoria, mediante un sorteo basado en la Lotería Nacional". 

De acuerdo con el artículo 4, las pruebas se harían en "laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud provincial" y los costos, según el artículo 5, estarían a cargo del funcionario.  

En el artículo 6 del proyecto están las sanciones previstas para las pruebas positivas. La primera detección provocaría la suspensión sin goce de sueldo y la obligatoriedad de iniciar un tratamiento de rehabilitación. La segunda daría lugar a la inhabilitación por 5 años para ejercer el cargo. Y la tercera provocaría la destitución inmediata y la prohibición para ejercer el cargo por 10 años.   

En caso de que el funcionario obligado rechace la prueba, el artículo 7 ordena que “será considerada falta grave y dará lugar a la aplicación de las mismas sanciones”.  

Por otra parte, el artículo 6 bis crea una comisión especial, integrada por representantes de todos los bloques políticos con presencia en el Concejo Deliberante, para que “garantice la pluralidad y objetividad de los análisis”. También se establece la confidencialidad del proceso de evaluación, al que sólo tendrían acceso los miembros de la comisión.  

Fundamentos  

“En un contexto donde la ciudadanía exige mayor integridad y compromiso por parte de sus representantes, es imperativo adoptar medidas que refuercen la confianza en las instituciones”, plantea el proyecto entre sus argumentos.  

“No podemos permitir que quienes toman decisiones fundamentales para el futuro de la ciudad puedan estar bajo la influencia de sustancias ilegales. Es inaceptable que funcionarios y legisladores, responsables de administrar recursos públicos, dictar o aplicar las ordenanzas, no estén sometidos a un control riguroso que asegure su idoneidad para el cargo”, agrega.