La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) es el sindicato docente que cuenta con personería gremial en la provincia. En diciembre de 2023 encabezó una serie de reclamos que incluían un pedido de actualización salarial, en un conflicto que fue escalando y que incluyó medidas de fuerza. En ese marco, el Estado provincial decidió no depositar la cuota sindical de agosto de 2024 y, al mes siguiente, directamente dejó de retener dicha cuota.

La ley 23.551, en su artículo 38, establece que “los empleadores estarán obligados a actuar como 'agente de retención' de los importes que, en concepto de cuotas, afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial”.

Y agrega: “El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como agente de retención o de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido tornará a aquel en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho”.

En noviembre del año pasado, AMP presentó un pedido de juicio político contra el gobernador Ricardo Quintela y, al mes siguiente, demandó al Ministerio de Educación provincial. El 5 de marzo, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó el inicio de la ejecución fiscal contra la cartera educativa por $180.290.744,17, más un adicional del 30% en concepto de interés y gastos del juicio estimados. El magistrado también dispuso que, ante la falta de pago, se trabe un embargo. El 25 de marzo se notificó la decisión.

El gobierno rechazó el fallo

Unos días después, el 10 de marzo, el gobernador Ricardo Quintela, en declaraciones a los medios tras la apertura de las sesiones legislativas, se manifestó en contra de la resolución. Dejó en claro que no acatará la decisión.

"El gobierno no va a trabajar para eso, que trabajen ellos. ¿Cuál es el problema? Son [sus] afiliados, que vayan y que le paguen. ¿Cuál es el drama?", expresó el mandatario. 

"Yo no le meto las manos a los trabajadores de la educación, salvo que ellos me den el consentimiento. Pero no lo voy a hacer tampoco, porque, además, trabajo gratuito... nosotros queremos diálogo, no queremos actitudes como la que se tiene hasta ahora. Conmigo no va más. Que espere a que venga el próximo gobierno", cerró.

La reacción de AMP

En diálogo con Radio Fénix, el secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, defendió la resolución del juez Herrera Piedrabuena. "Esto no es un capricho, es un derecho establecido por ley. El gobierno retuvo ilegalmente la cuota sindical durante 6 meses, causando un daño patrimonial inmenso", planteó.

Cómo sigue la causa

El 9 de abril el gobierno contestó a la demanda, a través de tres abogados de la Fiscalía de Estado. Pidió que se ordene el archivo por la incompetencia de la justicia federal, debido a que AMP y el Ministerio tienen domicilio en La Rioja, donde también es el lugar de pago de la deuda reclamada. Para argumentar su planteo, citó jurisprudencia en la que la Corte Suprema consideró que la retención de una cuota sindical no es una cuestión federal.

La justicia, unos días después, le corrió vista a la fiscal federal Virginia Miguel Carmona, quien recibió el expediente ese mismo 9 de abril y todavía debe dictaminar.

Queja ante la OIT

En paralelo al reclamo sindical, CTERA presentó el 25 de noviembre de 2024 una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, para que estudie el caso.

El 13 de marzo, el jefe del Servicio de Libertad Sindical, Karen Curtis, contestó que recibió el escrito del 25 de noviembre y la ampliación de la presentación del 10 de diciembre, e informó que el contenido de los alegatos será “transmitido al gobierno para que pueda enviar sus observaciones tan pronto como sea posible”.