Con el objetivo de mejorar la respuesta estatal frente a situaciones de violencia en razón del género, la Legislatura de La Rioja aprobó un nuevo protocolo de intervención, que busca articular la acción de organismos judiciales, policiales, de salud y de asistencia social. Entre las novedades se destacada la implementación de un formulario único de denuncia, que busca mejorar el diagnóstico y la respuesta institucional.

Hasta ahora, la provincia contaba con un protocolo, vigente desde marzo de 2017, aprobado a través de la ley 9.921. Dicho procedimiento marcó un primer paso al establecer lineamientos generales, pero su alcance era más declarativo que operativo: no detallaba procedimientos concretos ni definía roles institucionales. La nueva normativa busca cubrir esas brechas.

También había un protocolo elaborado por el Tribunal Superior de Justicia en 2018, plasmado en el Acuerdo 6/18, orientado a la actuación de los juzgados de violencia de género.

Nuevo paradigma: más articulación y formulario único

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo protocolo es la creación de un formulario único de denuncia, que deberá ser utilizado por todos los organismos intervinientes. Esta herramienta permitirá una mejor evaluación profesional del riesgo, independientemente de la percepción subjetiva de la víctima, y también facilitará el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

El formulario, detallado en el Anexo II de la ley, incluye información sobre la víctima, el agresor, el entorno familiar, la situación de salud física y mental, antecedentes de violencia, recursos disponibles, medidas solicitadas y más. Su extensión ha generado cierta inquietud, sobre todo por el desafío que representa su uso sistemático por parte de las fuerzas policiales, que suelen actuar en contextos de urgencia.

Cómo será el procedimiento

El Capítulo IV del protocolo establece el procedimiento operativo en casos de violencia de género bajo la órbita de la Función Ejecutiva. Define que las denuncias pueden presentarse presencialmente, virtualmente o por oficio judicial, y que deberán ser recibidas tanto por la policía como por las fiscalías. Incluso se prevé que una tercera persona pueda denunciar, con posibilidad de solicitar reserva de identidad.

Un principio clave del procedimiento es que toda denuncia debe ser tomada, aun si quien la presenta no es la víctima directa. Además, se aclara que incluso en ausencia de una denuncia formal, los organismos deben actuar si hay indicios de violencia o si se requiere protección urgente. Todo el personal interviniente debe estar capacitado en perspectiva de género y libre de antecedentes de violencia.

Los equipos interdisciplinarios —psicológicos, sociales, legales— deberán intervenir para diagnosticar, contener y definir estrategias de abordaje. Se establece también que el secreto profesional no es absoluto si está en juego la integridad de una persona.

Qué rol tiene cada organismo

▶ Secretaría de la Mujer y Diversidad:
A través del Dispositivo Yanapay, esta secretaría es responsable de la contención, evaluación del riesgo, derivaciones y seguimiento de los casos. También gestiona los Hogares de Protección Integral para situaciones de riesgo inminente. En la provincia hay dos de esos hogares: uno en la capital y otro en San Blas de los Sauces.

▶ Ministerio de Salud:
Tiene un rol central en la detección temprana de la violencia a partir de síntomas físicos y emocionales. Debe dejar constancia en la historia clínica, activar los protocolos de salud mental y derivar adecuadamente. Además, se incluyen lineamientos sobre el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) conforme a la ley 27.610.

▶ Ministerio de Seguridad y Policía:
Obligados a tomar todas las denuncias sin excepción, deben aplicar el formulario único y enviar las actuaciones al juzgado competente en un plazo máximo de 24 horas. En casos de emergencia, están facultados para actuar incluso sin denuncia previa. Se enfatiza la prohibición de mediar entre víctima y agresor, y la necesidad de preservar pruebas y separar físicamente a las partes.

Interrupción voluntaria del embarazo

En consonancia con la ley 27.610, el protocolo aprobado por la Legislatura de La Rioja garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, sin necesidad de justificar motivos. También contempla los supuestos de interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación o peligro para la salud o la vida de la persona gestante. La atención debe respetar principios como el trato digno, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad y el acceso a la información.

El protocolo aclara que el personal de salud puede ejercer la objeción de conciencia, pero esta no debe demorar ni obstaculizar el acceso al procedimiento. En esos casos, el Estado provincial —a través del Ministerio de Salud— deberá garantizar la atención inmediata mediante mecanismos alternativos, respetando el marco legal y sin comprometer la salud de la paciente. Además, establece que la atención postaborto debe prestarse con el mismo enfoque de derechos.

Base legal

El protocolo fue elaborado en consonancia con normativas nacionales e internacionales, incluyendo la ley 26.485 y la Convención de Belém do Pará. Entre sus principios rectores están la no revictimización, la confidencialidad, el respeto por la identidad de género y la atención interdisciplinaria.

La normativa aspira a cambiar la lógica de intervención reactiva por una respuesta anticipatoria y coordinada, basada en el análisis del riesgo real y la restitución de derechos.

El desafío: implementación efectiva

Si bien el marco legal es ambicioso, el desafío será su implementación. El uso riguroso del formulario único por parte de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de los equipos técnicos serán claves para que el protocolo se traduzca en una mejora concreta para quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

El protocolo, paso a paso:

EL TEXTO COMPLETO DE LA NUEVA LEY:

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