El último relevamiento del Ministerio de Justicia de la Nación sobre la situación carcelaria en La Rioja, realizado en 2023, reveló un crudo panorama. Según el informe anual del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena, la provincia aloja 496 personas privadas de libertad, superando en un 28,8% la capacidad formal del Servicio Penitenciario Provincial, que está preparada para 385 internos.

El perfil de los detenidos muestra fuertes indicadores de exclusión social: el 53% estaba desocupado al momento de ingresar, y el 62% no tenía ni oficio ni profesión. La mayoría son varones jóvenes: el 40% tiene entre 25 y 34 años, y el 98% son hombres.

Además, el 84% de los internos no participa de ningún programa educativo, y solo el 4% accede a capacitaciones laborales. En cuanto al trabajo intramuros, más de la mitad (54%) no realiza ninguna actividad remunerada.

Entre los delitos más frecuentes, se destacan:

• Violación y abuso sexual: 201 casos
• Robo y tentativa de robo: 198
• Delitos relacionados con drogas (Ley 23.737): 99
• Homicidios dolosos: 51

Del total, el 52% de los internos ya está condenado, mientras que el 38% se encuentra procesado sin condena firme. Además, el 66% de los condenados son primarios, sin antecedentes.

Otro dato llamativo es que el 95% de los ingresos al sistema penal provincial proviene de derivaciones policiales, lo que muestra la centralidad de las fuerzas de seguridad en la administración del castigo.

Pese al nivel de hacinamiento y los bajos niveles de reinserción, el 99% de los internos no tuvo intentos de fuga ni suicidio en el último año, y el 94% recibió visitas familiares.

El informe, elaborado por la Dirección Nacional de Política Criminal, pone en evidencia la necesidad de reformas profundas en el sistema penitenciario provincial, orientadas a mejorar las condiciones de detención, la oferta educativa y la capacitación laboral.

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