Francos expresó que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes “es la responsable de informar sobre las afectaciones al ambiente que puedan producirse por el desarrollo de inversiones productivas en las respectivas Evaluaciones de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley General del Ambiente 25.675, la ley 26.639 y demás normativa nacional y provincial aplicable”.

Con relación a los glaciares, mencionó la reciente publicación de la actualización del Inventario Nacional de Glaciares (ING), el cual se encuentra disponible para el acceso público en el siguiente link. Meta o Verso ya hizo en el pasado un chequeo sobre qué es el inventario de glaciares.

¿Qué dice el inventario?

El 7 de junio de 2018, se publicaron los resultados del primer Inventario Nacional de Glaciares, a partir del cual se relevaron más de 570.000 km² en toda la cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur. 

En 2024, luego de transcurridos 6 años de la publicación anterior, a través de la Resolución 142/2024 se aprobó la publicación de la actualización del inventario, la cual solo comprende la región de los Andes Desérticos. Dicho informe se encuentra disponible en el sitio web del ING y es de libre acceso. 

La actualización publicada recientemente identificó 3.087 cuerpos de hielo en la zona Andes Desérticos, que ocupan una superficie de 249,59 km². Estos datos indican, con respecto al primer ING, una reducción en la superficie de un 8%.

“Aproximadamente, unos 90 cuerpos de hielo, mayormente manchones de nieve, que habían sido identificados en el primer ING no fueron visualizados en las imágenes de base de la presente actualización”, señaló, y agregó: “El deshielo de los glaciares contribuye al aumento del nivel del mar y tiene un impacto en los ecosistemas y la disponibilidad de agua dulce”.

El documento también indicó que, del total de cuerpos de hielo identificados, el 39% corresponde a glaciares de escombros, el 36% a glaciares (34%, hielo descubierto, y 2%, hielo cubierto) y el 25%, a manchones de nieve.

Respecto a las razones por las cuales los glaciares fueron disminuyendo, el inventario precisó un informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), según el cual “el aumento de las temperaturas a nivel global ha sido de +1.1ºC desde 1850, lo cual ha impactado de manera directa en los glaciares, provocando su retroceso y pérdida de volumen generalizado”. Añadió que en regiones como la de los Andes Desérticos, “los glaciares perderán más del 80% de su masa actual de aquí al año 2100 (…) afectado por el impacto del cambio climático, cuyos cambios se pueden evaluar a partir de la actualización y comparación de los inventarios de los glaciares de escombros”.

¿Glaciares en peligro?

La pregunta formulada por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores al Jefe de Gabinete respecto a la existencia del registro e inventario actualizado de glaciares se refería a la necesidad de contar con dicha información ante el anuncio de grandes inversiones en el marco del RIGI, que, como se señaló en esta nota, implicaría inversiones en proyectos mineros en provincias con presencia de glaciares.

Tras la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, varias instituciones, ONG y agencias de cuidado ambiental advirtieron sobre las posibles violaciones a varias leyes ambientales, entre ellas, la de glaciares.

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas advierte en su página web que “el proyecto conocido como Ley Ómnibus (…) representaría un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental de Argentina, porque liquidaría las dos leyes vigentes más importantes en materia de prevención, y que más esfuerzo ciudadano costaron: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares”.

En este marco, los letrados elaboraron un análisis del proyecto que fue enviado en su momento al Congreso de la Nación, donde detallaron las supuestas regresiones ambientales que propone la ley, destacando “cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes”. 

Por su parte, investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo, especialistas en glaciares y ambiente periglacial de Los Andes, enviaron una carta a Diputados para rechazar los cambios propuestos por el gobierno en la ley de glaciares. “El nuevo proyecto contiene modificaciones que van en contra de la protección y cuidado de las reservas estratégicas de agua en estado sólido en Argentina”, dijeron.

También se pronunció la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que presentó un documento en el que expuso la situación de las partidas vinculadas al cuidado del ambiente y la energía en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Allí se denunció la caída de los fondos para estas partidas, que oscilan entre el 20% y más del 70%. Incluso, desde el sindicato Asociación del Personal de INTA (APINTA) denunciaron “censura” por parte del Gobierno Nacional en un documento publicado en junio de 2024, en el cual enunciaron que se les prohibió la divulgación de conceptos tales como “cambio climático” o “huella de carbono”.

Ante el aumento de la temperatura global, principal causa del derretimiento de los glaciares, Naciones Unidas ha declarado al 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, y determinó que el 21 de marzo se conmemore el Día Internacional por la Preservación de los Glaciares. “Se trata de una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública mundial sobre el papel fundamental de los glaciares, la nieve y el hielo en el sistema climático y el ciclo hidrológico”, señala el organismo internacional.

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