El 5 de febrero de 2024, el gobierno de La Rioja presentó una demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia por una presunta deuda vinculada al pago incompleto de fondos de coparticipación correspondientes a 2023 y la falta de envío de los fondos extracoparticipables establecidos en el presupuesto nacional. Desde entonces, el expediente pasó por diferentes vocalías del máximo tribunal, pero hasta hoy Nación no fue notificada oficialmente para responder la demanda.

Este informe reconstruye paso a paso la historia de la causa, detalla el reclamo de la provincia y la respuesta del gobierno nacional, y expone los fundamentos jurídicos que están en juego.

El primer reclamo de Quintela

El 27 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei prorrogó el presupuesto 2023 para el ejercicio 2024 mediante el decreto 88/2023.

Ese mismo día, el gobernador Ricardo Quintela envió una nota al entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, advirtiendo que quedaba un remanente de $9.300 millones correspondiente a fondos que La Rioja debía recibir en 2023.

Además, solicitó que se cumpla el artículo 83 de la ley de presupuesto 27.701, que asignaba $47.000 millones a la provincia y sus municipios como compensación por el punto de coparticipación perdido en 1988.

Los “chachos”: la excusa de Nación

El conflicto escaló cuando, el 17 de enero de 2024, la Legislatura riojana aprobó la ley 10.703, autorizando la emisión de los “Bonos de Cancelación de Deudas” (BOCADE), popularmente conocidos como “chachos”, por hasta $22.500 millones.

El 25 de enero, el directorio del Banco Central (BCRA) dictó la resolución 32/2024, sosteniendo que esos bonos violaban la Constitución Nacional y la Carta Orgánica del BCRA al ser susceptibles de circular como moneda, algo prohibido para las provincias.

Ese mismo día, las autoridades del Banco Central enviaron una nota al ministro del Interior, Guillermo Francos, “solicitando que se arbitre lo que corresponda para impedir la emisión y utilización de los bonos”.

Apoyado en esa resolución, el 30 de enero, Francos respondió la nota de Quintela. Señaló que los BOCADE vulneraban el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al que La Rioja adhirió mediante leyes provinciales, avisó que notificó dicha situación al Ministerio de Economía y anticipó que se limitaría la posibilidad de realizar transferencias discrecionales y el otorgamiento de avales para endeudamiento.

La respuesta de La Rioja y la demanda ante la Corte

Al día siguiente, el 31 de enero, Quintela respondió rechazando los argumentos de Nación. Negó que los BOCADE fueran inconstitucionales, calificó la advertencia de Francos como una violación de la autonomía provincial y recordó las declaraciones públicas de Milei, cuando amenazó a los gobernadores al decir “los voy a fundir a todos”.

Finalmente, el 5 de febrero, La Rioja presentó la demanda formal ante la Corte Suprema. El escrito, firmado por los abogados Jorge Yoma y Andrés Gil Domínguez, solicitó el pago de:

• $9.300 millones actualizados por IPC, por fondos 2023 (art. 83, ley 27.701).

• $47.000 millones actualizados por IPC, correspondientes al presupuesto 2024, a transferirse por goteo diario o en 12 cuotas mensuales.

Fundamentos del reclamo

La provincia alegó una histórica discriminación desde la sanción de la ley de coparticipación 23.548 en 1988, cuando perdió casi el 50% de sus recursos. Desde entonces, el Estado nacional otorgó partidas compensatorias, incluyendo una asignación específica en los presupuestos desde 2012.

La demanda cita debates legislativos y de la Convención Constituyente de 1994, donde se reconoció la necesidad de compensar a La Rioja.

El escrito también detalla la evolución de los fondos coparticipables y compensatorios asignados a La Rioja entre 2012 y 2023, mostrando un crecimiento sostenido y la inclusión de partidas específicas en los presupuestos nacionales. Y denuncia un trato desigual respecto al resto de las provincias, que reciben la totalidad de sus fondos mediante goteo diario, mientras que La Rioja percibe una parte en cuotas fijas.

Como medida cautelar, se solicitó el embargo preventivo de los $9.300 millones de ATN, y se pidió una audiencia conciliatoria, a la que la Corte Suprema no convocó.

¿Qué hizo la Corte?

El 16 de febrero, la Corte Suprema abrió el expediente y dio vista a la Procuración General del Tesoro para definir la competencia. Además, formó un incidente, que es un expediente paralelo al principal, para analizar el pedido de medida cautelar.

El 1 de marzo, La Rioja presentó un nuevo escrito en el que informó que no se habían transferido los fondos de enero, febrero y marzo de 2024 ($11.750 millones), y pidió el traslado de la demanda al Estado nacional. Sin embargo, ese traslado no fue ordenado. El expediente permaneció detenido hasta que el 19 de marzo la provincia presentó un “pronto despacho”, que es un pedido formal para que se resuelva alguna situación en el expediente.

Un día después, la Corte incorporó los escritos y dejó constancia de que el caso estaba “a consideración del tribunal”. El expediente pasó sucesivamente por las vocalías 4 (20 de marzo), 1 (3 de junio) y 3 (21 de agosto), sin avances sustanciales.

Unos días más tarde, el 6 de junio, La Rioja presentó un nuevo escrito. Por un lado, informó que el Estado nacional no pagó los fondos extra de abril, mayo y junio, que representan otros $11.750 millones, por lo que el reclamo en ese momento pasó a ser de $32.800 más su actualización por IPC.

Pero, además, los abogados de la provincia advirtieron lo que calificaron como una “gravísima situación acreditada”: “la omisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar el traslado de la demanda, que requiere de una simple providencia”, lo que “genera un objetivo supuesto de afectación de la garantía del debido proceso en su componente de celeridad y eficacia sin que existan razones jurídicas que puedan justificarlo”.

La otra causa de 2017

El 12 de febrero pasado, la Corte Suprema emitió su primera resolución importante: pidió a La Rioja que explique la diferencia entre esta demanda y otra presentada en 2017 (expediente CSJ 1787/2017), durante la gestión de Sergio Casas, donde se reclamaba el reconocimiento como obligación jurídica del Estado del punto perdido de coparticipación.

“Son cosas distintas”, explicó a Meta o Verso el abogado Jorge Yoma. “La demanda anterior es sobre el fondo de la cuestión, que es el punto de coparticipación que perdió La Rioja en 1988, mientras que ahora se reclama el cobro de una deuda en pesos sobre fondos ya asignados”, agregó. Aclaró que trabajaban en la presentación de una respuesta.

La medida cautelar, también sin resolver

El expediente donde debe resolverse la medida cautelar corrió una suerte similar a la del principal. Aunque fue girado a la Secretaría de Juicios Originarios el 2 de abril y desde entonces pasó por distintas vocalías, la Corte aún no permitió que el Estado Nacional intervenga. El pedido sigue sin resolverse.

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